Periodistas, dirigentes políticos, empresarios y defensores de derechos humanos en Venezuela estarían moderando sus declaraciones públicas sobre Estados Unidos.
Periodistas, dirigentes políticos, empresarios y defensores de derechos humanos en Venezuela estarían moderando sus declaraciones públicas sobre Estados Unidos por temor a consecuencias políticas, migratorias o económicas, según testimonios recopilados por EL PAÍS en un reportaje publicado este 21 de septiembre. El medio describe un escenario en el que distintas fuentes aseguran medir con mayor cautela sus críticas hacia Washington y hacia su relación con el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez.
El trabajo periodístico recoge declaraciones de representantes de distintos sectores, varios de ellos bajo condición de anonimato, que señalan preocupaciones por eventuales efectos sobre visas, acceso a financiamiento, relaciones institucionales e interlocución con autoridades estadounidenses. Estas apreciaciones corresponden a los entrevistados por el diario y no constituyen, por sí solas, evidencia de represalias ejecutadas por Estados Unidos.
Una de las frases que resume la percepción recogida en el reportaje provino de un diputado opositor consultado en Caracas: “Antes tenía miedo del Sebin y ahora no sé si tengo que temer a la CIA”. La expresión fue presentada por el medio como una muestra del cambio de preocupaciones que algunos actores políticos aseguran experimentar en el actual escenario venezolano.
Temores por visas, financiamiento y espacios de interlocución
Entre las fuentes citadas figura un defensor de derechos humanos venezolano en el exilio, quien afirmó: “Hay pánico de publicar cualquier cosa contra Estados Unidos”. Según su testimonio, el temor también habría llegado a reuniones privadas y a organizaciones que necesitan mantener canales de comunicación con funcionarios estadounidenses.
El reportaje señala que empresarios consultados expresaron inquietudes similares. Algunos indicaron que una crítica pública podría, según su percepción, afectar sus relaciones con autoridades estadounidenses, sus posibilidades de viajar o su participación en determinados espacios económicos. Periodistas entrevistados también hablaron de un aumento de la autocensura después de años marcados por cierres de medios, bloqueos digitales, detenciones y otras restricciones al ejercicio informativo en Venezuela.
La publicación aparece, además, pocos días después de que se levantaran restricciones de acceso sobre varios portales informativos, aunque continúan bloqueados numerosos dominios en el país.
Denuncias de presiones y respuesta de Estados Unidos
EL PAÍS también recogió afirmaciones de fuentes vinculadas al movimiento de derechos humanos que sostienen que funcionarios estadounidenses habrían pedido a algunos comités abstenerse de participar en una vigilia frente a la sede diplomática. Otra fuente aseguró que existiría preocupación por un eventual seguimiento de quienes cuestionan la influencia de Washington en Venezuela. Estas afirmaciones fueron rechazadas por el Departamento de Estado.
Consultado por el diario, un portavoz estadounidense sostuvo que las fuentes anónimas utilizadas por la publicación estaban equivocadas y aseguró que tanto el Departamento de Estado como la representación diplomática en Caracas están concentrados en un plan orientado, según Washington, a la estabilización, recuperación económica, reconciliación y transición democrática de Venezuela.
El contraste resulta relevante: mientras diversas fuentes entrevistadas describen una sensación de vigilancia o cautela frente a Estados Unidos, la Administración estadounidense niega las acusaciones de presión y presenta su actuación como parte de una estrategia de transición y apertura institucional.
Capriles: “No se trata de confrontar a EE UU”
El reportaje también recoge una posición pública del dirigente Henrique Capriles, quien diferenció entre confrontar a Washington y cuestionar determinadas decisiones. Capriles sostuvo que existen temas relacionados con venezolanos en Estados Unidos y con los resultados económicos de los acuerdos entre ambos países que, a su juicio, deben poder discutirse públicamente.
El artículo de EL PAÍS plantea así un debate que atraviesa a sectores políticos, empresariales, periodísticos y de derechos humanos: hasta qué punto la nueva relación entre Washington y Caracas está influyendo en lo que determinados actores venezolanos consideran prudente expresar públicamente.
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