El gremio sostiene que el proyecto conserva definiciones ambiguas, establece elevadas multas y concede al Ejecutivo facultades para investigar y sancionar.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) exigió la derogación total de la denominada Ley contra el Odio al considerar que la propuesta de reforma no elimina los mecanismos que han permitido perseguir judicialmente a periodistas, medios de comunicación y ciudadanos por sus expresiones.
El gremio reconoció que la modificación plantea eliminar las penas de prisión, pero advirtió que esta medida resulta insuficiente mientras se mantengan conceptos amplios que podrían utilizarse para sancionar opiniones, investigaciones periodísticas o denuncias contra funcionarios públicos.
“La reforma de la Ley contra el Odio mantiene la capacidad del Estado de castigar expresiones protegidas, entrega nuevas facultades sancionadoras al Ejecutivo y deja sin respuesta las consecuencias de nueve años de persecución judicial”, señaló el SNTP.
Entre las principales preocupaciones mencionadas por la organización se encuentra la permanencia de términos como “odio”, “hostigamiento”, “angustia” y “zozobra”, cuya falta de precisión podría facilitar interpretaciones discrecionales por parte de las autoridades.
El sindicato advirtió que una investigación sobre la actuación de un funcionario o la publicación de una denuncia de corrupción podrían ser consideradas arbitrariamente como formas de hostigamiento. Esta posibilidad, según el gremio, mantendría vigente el riesgo de castigar contenidos amparados por el derecho a la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.
Multas que podrían comprometer la continuidad de los medios
La propuesta de reforma sustituye las penas de prisión por sanciones económicas y trabajo comunitario. Sin embargo, el SNTP considera que la magnitud de estas medidas también puede producir un efecto inhibidor sobre periodistas y medios independientes.
De acuerdo con la información difundida por la organización, el proyecto contempla multas equivalentes a entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial de referencia. También prevé la imposición de hasta 600 horas de trabajo comunitario.
El sindicato alertó que estas sanciones podrían resultar impagables para periodistas independientes y pequeñas organizaciones informativas, ocasionar el cierre de medios o promover la autocensura ante el temor de enfrentar procedimientos administrativos.
“Eliminar las penas de prisión no basta cuando persisten definiciones ambiguas, multas capaces de asfixiar económicamente a periodistas y medios, y mecanismos que amenazan la libertad de expresión”, afirmó el SNTP.
La organización sostiene que el peligro no desaparece con el reemplazo de la cárcel por multas, porque se mantiene la capacidad estatal de sancionar expresiones públicas mediante criterios que considera poco precisos.
El Ejecutivo asumiría facultades para investigar y sancionar
Otro de los cuestionamientos está relacionado con las nuevas atribuciones que el proyecto concedería al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Según el SNTP, este despacho tendría competencias para tramitar procedimientos y decidir la aplicación de multas por expresiones públicas.
La organización señaló que concentrar estas facultades en una dependencia del Ejecutivo incrementaría los riesgos de discrecionalidad y reduciría las garantías de independencia durante los procedimientos sancionatorios.
El gremio también recordó que ese ministerio está dirigido por Diosdado Cabello, a quien acusa de haber señalado y estigmatizado durante años a periodistas y medios de comunicación independientes.
Para el sindicato, el nuevo esquema no solo conserva la capacidad de sancionar contenidos, sino que traslada parte importante del proceso a una instancia gubernamental con facultades para investigar, tramitar y decidir las sanciones.
Nueve años de persecución sin garantías de reparación
El SNTP aseguró que 27 trabajadores de la prensa han sido judicializados desde 2020 mediante la aplicación de esta legislación. La reforma, advirtió, no establece garantías para cerrar esas causas ni reparar los daños ocasionados.
Según la organización, el proyecto tampoco contempla el levantamiento de restricciones judiciales, la eliminación de antecedentes derivados de estos procesos o medidas que permitan el regreso seguro de periodistas y trabajadores de la prensa que salieron del país.
La ausencia de mecanismos de reparación constituye uno de los principales argumentos del sindicato para rechazar una modificación parcial. El gremio sostiene que cualquier discusión sobre la normativa debe incluir las consecuencias producidas durante sus nueve años de vigencia.
“Desde el SNTP exigimos la derogación total”, expresó la organización al reiterar que una reforma limitada no elimina los riesgos que la legislación representa para la crítica, la investigación periodística y la denuncia ciudadana.
Entre 350.000 y 420.000 adultos mayores viven solos en Venezuela, según Convite
Organizaciones sindicales exigen aguinaldos y utilidades dignos para los trabajadores
Marco Rubio y Oliver Blanco conversaron sobre las reformas para las próximas elecciones en Venezuela