solicitan investigar una presunta estructura financiera que habría contribuido al sostenimiento de represión y al funcionamiento de centros de reclusión .
Una comunicación presentada ante la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) solicita investigar una presunta estructura financiera que habría contribuido al sostenimiento de mecanismos de represión y al funcionamiento de centros de reclusión en Venezuela.
La presentación fue realizada por el periodista y dirigente político venezolano Leocenis García, quien pidió que el presunto desfalco de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) sea incorporado al análisis de los posibles crímenes de lesa humanidad examinados en la denominada Situación Venezuela I.
De acuerdo con el documento, recursos provenientes de la renta petrolera habrían sido desviados mediante estructuras financieras, operadores e intermediarios para sostener parte de la logística vinculada con organismos represivos y centros de detención.
La solicitud plantea que estos movimientos financieros sean investigados para determinar si existe una relación entre el origen de los recursos, su destino y el funcionamiento de estructuras señaladas por graves violaciones de derechos humanos.
El Rodeo I aparece entre los centros señalados
Uno de los recintos mencionados es El Rodeo I, donde, según el escrito, responsables del penal habrían explicado a detenidos que parte de la infraestructura y del funcionamiento del centro dependía de aportes realizados por empresarios e intermediarios financieros presuntamente vinculados con la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
La comunicación solicita a la Fiscalía de la CPI promover mecanismos de cooperación y asistencia judicial que permitan verificar los flujos de capitales y revisar operaciones logísticas, financieras y navieras atribuidas a distintos operadores.
También propone auditar sociedades, compañías de seguros, transacciones en el mercado de valores venezolano y operaciones realizadas mediante el sistema Swift, con el objetivo de reconstruir el recorrido del dinero y establecer si esos recursos tuvieron alguna relación con el financiamiento de estructuras represivas.
Hasta ahora, los planteamientos contenidos en el documento constituyen señalamientos formulados por el denunciante y no equivalen a conclusiones judiciales de la Corte Penal Internacional.
García incorpora su experiencia como detenido
En la comunicación, García también expone su experiencia como privado de libertad en El Rodeo I entre 2024 y 2026.
Según su relato, estuvo sometido a períodos prolongados de incomunicación y enfrentó condiciones que califica como tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Entre las situaciones descritas se encuentran aislamiento forzado, desnudez permanente, encapuchamiento y otras formas de coerción durante su reclusión.
La documentación busca que estos testimonios sean evaluados junto con la posible ruta financiera que, de acuerdo con la denuncia, habría permitido sostener la infraestructura y las operaciones del sistema represivo.
Solicitan congelamiento de bienes e investigación patrimonial
La petición también solicita a la CPI considerar medidas cautelares de congelamiento de bienes contra intermediarios que, según sostiene García, habrían colaborado de manera consciente con la estructura económica investigada.
El escrito plantea que determinar el origen y el destino de los recursos podría ayudar a establecer si existió una presunta trama de corrupción y financiamiento relacionada con el sostenimiento de mecanismos de represión y de centros donde permanecieron detenidos civiles.
La CPI mantiene abierta la investigación sobre la Situación Venezuela I, centrada en presuntos crímenes de lesa humanidad. La presentación de una comunicación ante la Fiscalía no implica que sus señalamientos hayan sido comprobados ni que la Corte haya adoptado una decisión sobre ellos.
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