La nueva Ley de Arrendamientos introduce una serie de cambios que según buscan fortalecer la seguridad jurídica y estimular nuevamente el mercado de alquileres
La abogada Cora Farías Altuve, especialista en derecho inmobiliario, inquilinario, propiedad horizontal y contratos inmobiliarios, sostuvo que la nueva Ley de Arrendamientos podría incentivar a numerosos propietarios a ofrecer nuevamente sus inmuebles en alquiler, luego de años en los que muchos optaron por mantenerlos desocupados debido a la incertidumbre sobre su recuperación en caso de conflictos con los arrendatarios.
Durante una entrevista concedida a Onda La Superestación, Farías calificó la iniciativa como “un buen inicio”, aunque señaló que será necesario observar su aplicación práctica para evaluar sus resultados.
La ley no tendrá efectos retroactivos
La especialista aclaró que la nueva normativa solo será aplicable a los contratos suscritos después de su publicación en Gaceta Oficial.
“Es para todos los contratos que se suscriban a partir de su publicación en Gaceta; los juicios anteriores se rigen por la ley de 2011”, explicó.
En ese sentido, indicó que los litigios iniciados bajo la legislación anterior continuarán desarrollándose conforme a ese marco normativo.
“Los juicios y sentencias paralizadas bajo la ley de 2011 y la medida de la Sala Constitucional de 2015 continuarán bajo el esquema anterior; la nueva ley de Arrendamientos aplica el principio de ‘caída y mesa limpia’ para relaciones futuras”, precisó.
Contratos en divisas y procesos más expeditos
Entre las modificaciones más relevantes, Farías destacó la posibilidad de pactar contratos de arrendamiento en moneda extranjera.
Según explicó, “ahora se va a poder pactar en dólares”, aunque el pago también podrá efectuarse en bolívares al tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV). Además, señaló que el canon podrá ajustarse anualmente de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
La abogada también resaltó la incorporación del denominado juicio breve inquilinario, un mecanismo que, a su juicio, permitirá acelerar los procesos de restitución de inmuebles.
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