Setenta y un estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), núcleo Caracas, fueron expulsados tras ser vinculados con las protestas ocurridas el 28 de julio, día en que se celebraron las elecciones presidenciales.
En una decisión del consejo disciplinario, los estudiantes de Técnico Superior Universitario en Criminalística e Investigación Penal fueron obligados a firmar su retiro de la universidad. Las autoridades alegaron que los jóvenes violaron las normas de convivencia relacionadas con la moral y las buenas costumbres, según reportó el diario TalCual.
El padre de uno de los estudiantes expulsados, quien además es abogado, denunció que no se respetó el debido proceso y que su hijo fue expulsado injustamente. «Lo único que hicieron fue aparecer en una foto haciendo fila en el centro de votación. Esto es una orden de arriba para infundir miedo entre los demás estudiantes», afirmó el denunciante, quien también introdujo una demanda en un tribunal civil.
El estudiante, al igual que otros cinco compañeros, fue notificado de la apertura de un proceso administrativo. Sin embargo, el representante legal asegura que la UNES no ha respetado los tiempos legales, estableciendo plazos mucho más cortos de los que contempla la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
El padre del joven también intentó comunicarse con el coronel Jaime Alcántara, miembro de la directiva de la UNES, pero no obtuvo respuesta. A pesar de llevar el caso a los tribunales, las autoridades le indicaron que debe agotar primero las vías administrativas dentro de la institución.
Entre los expulsados, hay estudiantes que ya habían completado su carga académica y pagado los aranceles para obtener su título, como es el caso de uno de los jóvenes que esperaba ingresar al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en octubre.
Las familias denuncian que se han violado los derechos fundamentales de los jóvenes, quienes no tuvieron oportunidad de defenderse adecuadamente de las acusaciones en su contra. Según testigos, las protestas se desataron después de que un general de la UNES, José Rigoberto Betancourt Moya, realizara voto asistido y agrediera a una estudiante.
Uno de los estudiantes fue arrestado el mismo día de las elecciones y detenido en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Maripérez. Posteriormente, fue trasladado a la sede del CICPC en Santa Paula, donde permaneció hasta el 2 de agosto. Aunque fue liberado, sigue bajo investigación por incitación al odio, y ni su celular ni otras pertenencias le han sido devueltas.
Los padres de los estudiantes aseguran que las expulsiones ya estaban preparadas desde antes y que las autoridades universitarias están aplicando sanciones dobles.
