Aún le queda mucho por hacer. Venezuela ocupa el último lugar entre 139 países en el Índice de Estado de Derecho de la organización World Justice Project, publicado el pasado 14 de octubre.
Para elaborar el índice, detalló la organización Acceso a la Justicia, se evaluó la actuación de jueces y fiscales, límites al poder del Gobierno, el estatus de la corrupción, transparencia al momento de tomar decisiones, respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos, orden y seguridad interna y cumplimiento de las leyes. Se entrevistaron 138.000 hogares y se consultaron 4.200 abogados, académicos, juristas, entre otros.
En la edición de este año se evaluó el sistema judicial de 139 países. El año anterior se sometieron a examen 128 países. A pesar de la diferencia en número de Estados, Venezuela obtuvo un puntaje global similar al año 2020: 0,27 sobre 1.
En tres categorías, límites al poder, cumplimiento de la ley y actuación del sistema de justicia penal, Venezuela obtuvo una calificación de 0,12 y ocupó el último lugar del ranking. Bolivia superó al país con un puntaje de 0,22.
Mucho por mejorar
En materia de corrupción, la calificación fue de 0,29 puntos, dos décimas menos que el año anterior según señaló Acceso a la Justicia. En esta categoría, el país ocupó el puesto 129 de 139 países. El último lugar lo ocupó la República Democrática del Congo.
En la categoría de orden y seguridad interna, Venezuela se ubica en el puesto 132. Afganistán, a la fecha sitiado por grupos armados irregulares, está en el último lugar del ranking. En la última variable a evaluar, gobierno abierto o transparencia, el país está en el puesto 136. Solo supera a países como Egipto, Camboya e Irán.
La Asamblea Nacional (AN) del 6 de diciembre aprobó recientemente un paquete de leyes propuestas por la Comisión Especial para la «Revolución Judicial», designada por Maduro en junio de este año y que dirige Diosdado Cabello.
El comisionado para Relaciones Exteriores designado por Juan Guaidó, Julio Borges, subrayó que el Poder Ejecutivo mantiene su desconocimiento a la independencia de los Poderes Públicos, principalmente al Judicial, por lo que no es posible que los crímenes de lesa humanidad sean debidamente investigados y castigados sus responsables.
Puede leer el análisis completo de Acceso a la Justicia aquí.
Puede consultar Índice de Estado de Derecho aquí.
Vía Efecto Cocuyo
