La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) instó este martes al gobierno de Nicaragua a detener el «acoso judicial, policial e institucional» contra las voces críticas, denunciando el cierre de 49 medios de comunicación y el exilio forzado de al menos 263 periodistas.
En un informe sobre la situación de las libertades en Nicaragua, la SIP demandó al gobierno de Daniel Ortega que «ponga fin al uso arbitrario de mecanismos administrativos, legislativos, judiciales, financieros y policiales que limitan el ejercicio de la libertad de expresión y otros derechos fundamentales». El documento subraya que, desde las protestas de 2018 contra el gobierno de Ortega, en Nicaragua se han incrementado las agresiones selectivas contra periodistas, activistas, artistas, medios de comunicación, estudiantes, clérigos y opositores políticos.
Las manifestaciones de 2018 dejaron un saldo de al menos 300 muertos, según la ONU, mientras que Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, calificaron estos eventos como un intento de golpe de Estado promovido por Washington.
El informe de la SIP advierte sobre la persecución en Nicaragua
El gobierno de Ortega debe «cesar el acoso judicial, policial e institucional contra las voces críticas y quienes ejercen su derecho a la libre expresión y manifestación pacífica», reiteró la SIP.
El informe resalta que, desde 2018, la «persecución» contra los medios independientes se ha intensificado, llevando la libertad de expresión a un estado crítico y prácticamente inexistente.
«La prensa libre ha sido asfixiada a través del cierre de medios de comunicación, la confiscación de propiedades utilizadas por estos y el silenciamiento de la práctica periodística independiente», añadió la SIP.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha señalado la situación en Nicaragua como un «asunto de preocupación internacional», mientras que Reporteros Sin Fronteras la describe como «una película de horror».
