El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, presentó este miércoles una propuesta de reforma al Código Procesal Penal que otorgaría mayores facultades a la Policía Nacional, permitiéndole realizar allanamientos, confiscar dispositivos electrónicos y obtener información digital de ciudadanos investigados, sin necesidad de una orden judicial previa.
La iniciativa, que plantea modificar ocho artículos del Código Procesal Penal, fue enviada a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, y posteriormente remitida a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos para su revisión y consulta.
De acuerdo con la propuesta, la Policía podrá solicitar a las compañías telefónicas información sobre llamadas, mensajes, geolocalización y otros datos vinculados a personas bajo investigación. Asimismo, la ley facultaría a los agentes a realizar registros y requisas, además de extraer datos de sistemas electrónicos sin autorización judicial inmediata, siempre que se trate de “casos de urgencia”. La autoridad tendrá un plazo de tres días para solicitar la convalidación de sus acciones ante un juez.
Según el documento presentado por el Ejecutivo, estas reformas buscan anticiparse a posibles actos de encubrimiento, permitiendo un acceso directo y oportuno a la información necesaria para enfrentar la delincuencia tanto nacional como internacional.
La propuesta también habilita a la Policía a requerir información a entidades financieras sobre las transacciones de los investigados, así como a congelar cuentas bancarias, activos o títulos de propiedad sin notificar previamente a las personas afectadas.
Finalmente, se establecen medidas de confidencialidad estricta sobre la información obtenida, y cualquier funcionario que divulgue datos podría enfrentar destitución inmediata, además de otras sanciones legales. La reforma también prevé que, incluso en caso de rebeldía, los procesos judiciales continuarán con la representación de un defensor público para el acusado.
