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ONU demanda fin de la represión en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio

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La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU en Venezuela ha instado este lunes al gobierno de Nicolás Maduro a detener inmediatamente la represión que ha intensificado tras las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio.

Además, ha solicitado una investigación exhaustiva sobre las graves violaciones a los derechos humanos reportadas en las últimas semanas.

Resultados de la misión de la ONU en Venezuela

Según la Misión, las manifestaciones y críticas posteriores a las elecciones han provocado una respuesta represiva por parte del Estado, encabezada por las más altas autoridades. Entre el 28 de julio y el 8 de agosto, se documentaron 23 muertes relacionadas con las protestas, la mayoría de ellas por heridas de bala. La mayoría de las víctimas eran hombres menores de 30 años.

Marta Valiñas, presidenta de la Misión, declaró: «Las muertes ocurridas durante las protestas deben ser investigadas minuciosamente, y si se confirma el uso excesivo de la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad y la participación de civiles armados en coordinación con ellas, los responsables deben rendir cuentas. Las víctimas y sus familias tienen derecho a justicia».

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Datos preliminares señalan que al menos 1.260 personas han sido arrestadas desde el 28 de julio, incluyendo 160 mujeres.

Los arrestos se han concentrado en el Distrito Capital, Carabobo y Anzoátegui. La Fiscalía General de la República ha informado de la detención de unas 2.200 personas, acusadas de ser «terroristas».

La Misión ha identificado patrones en estas detenciones que sugieren la arbitrariedad y violaciones al debido proceso.

Entre las irregularidades, se incluyen audiencias sumarias virtuales, la imposición de cargos graves sin pruebas y la falta de información a los familiares de los detenidos. También se ha impedido a los detenidos elegir a un abogado de su preferencia.

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Patricia Tappatá, experta de la Misión, subrayó: «Todas las personas detenidas de forma arbitraria deben ser liberadas de inmediato. Las autoridades deben cumplir rigurosamente con las normas internacionales sobre el debido proceso y las condiciones de detención, utilizando canales formales para comunicarse con los familiares».

Entre los arrestados se encuentran líderes políticos, periodistas y defensores de derechos humanos, así como ciudadanos que expresaron su desacuerdo con los resultados electorales.

Muchas de estas detenciones ocurrieron tras participar en protestas o expresar opiniones en redes sociales.

La misión también ha recibido reportes sobre la detención de más de 100 menores de edad, quienes enfrentan cargos graves sin la presencia de sus padres o tutores durante los procedimientos judiciales.

Francisco Cox, otro experto de la Misión, afirmó: «Es imperativo garantizar que los niños detenidos reciban un trato conforme a las normas internacionales de protección infantil, respetando en todo momento su interés superior».

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Kevin Ibarra
Kevin Ibarrahttp://Táchira%20Noticias
Comunicador Social de la ULA

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