El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) reportó que durante el mes de agosto se registraron 134 agresiones e incidentes de seguridad contra activistas y organizaciones de derechos humanos en Venezuela, un notable aumento respecto a los 56 casos documentados en julio.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Según el informe de la ONG, el ambiente postelectoral ha profundizado la criminalización y represión, exacerbando las acciones de intimidación y control social que impactan a quienes promueven y defienden los derechos humanos en el país.
El desglose de los ataques muestra que 56 casos corresponden a intimidación y hostigamiento, 47 a campañas de estigmatización, 19 a amenazas, 5 a detenciones arbitrarias, 4 a judicialización y otros 3 a incidentes no especificados.
El 72% de los afectados fueron organizaciones no gubernamentales, mientras que el 28% restante estuvo dirigido a personas individuales.
El informe señala que los responsables de estas agresiones incluyen a medios de comunicación alineados con el gobierno (36%), funcionarios públicos (30%), instituciones estatales (21%), actores afines al gobierno (7%) y organismos de seguridad (6%).
El CDJ advirtió sobre las constantes campañas de descalificación y estigmatización que buscan señalar a los defensores de derechos humanos como «enemigos» o «terroristas», aumentando las amenazas y el ambiente de hostilidad hacia su trabajo. Estas acciones se han intensificado tras la reciente aprobación de la Ley de Fiscalización y Regulación de ONG, que introduce estrictos controles sobre la financiación y actuación de estas organizaciones.
La normativa, aprobada por el Parlamento venezolano, permite la disolución judicial de ONG que incumplan con las nuevas disposiciones, prohíbe las aportaciones económicas destinadas a organizaciones políticas, y exige la notificación y declaración de fondos recibidos, con plena identificación de los donantes.
