Transparencia Venezuela pide publicar convenio petrolero con EE. UU. y aclarar sus condiciones

Transparencia Venezuela advirtió que el convenio petrolero anunciado entre Venezuela y Estados Unidos mantiene interrogantes sobre su legalidad, duración, alcance, mecanismos de selección de operadores y garantías de transparencia, por lo que pidió hacer públicos los documentos y contratos relacionados con la negociación.

En un pronunciamiento fechado el 7 de septiembre, la organización señaló que Venezuela necesita inversión nacional y extranjera para recuperar su industria petrolera y fortalecer su economía, pero sostuvo que cualquier acuerdo de esta magnitud debe estar acompañado de reglas claras, rendición de cuentas y controles institucionales.

“El problema no es la inversión petrolera, sino la falta de transparencia, legalidad, rendición de cuentas y garantías democráticas del convenio”, expresó la organización.

El documento analiza el acuerdo anunciado el 31 de agosto por la Casa Blanca, que, según la información divulgada, incluiría una concesión para explotar 17 campos petroleros venezolanos y abarcaría más de 20% de las reservas probadas del país.

Piden publicar el acuerdo completo

Uno de los principales cuestionamientos de Transparencia Venezuela es que, hasta ahora, no se conocen públicamente el convenio ni los contratos que lo sustentan.

La organización sostiene que todavía no está claro cuáles son exactamente los 17 campos incluidos, cómo fueron seleccionados, cuál es su producción actual, cuánto se espera extraer ni bajo qué figura jurídica serían operados.

También advierte sobre la duración del convenio. Según el comunicado, la información difundida desde Estados Unidos señala un plazo de 100 años, mientras que Delcy Rodríguez habría afirmado que el acuerdo tendría una duración de 25 años.

Transparencia Venezuela recuerda que la reforma de la Ley de Hidrocarburos de 2026 establece que los contratos de explotación deben tener un plazo inicial máximo de 25 años, con una prórroga que no puede superar los 15 años.

La organización también sostiene que la Asamblea Nacional debe intervenir en la aprobación de contratos de interés público y convenios internacionales vinculados con el Ejecutivo y PDVSA, de acuerdo con disposiciones constitucionales.