Trabajadores de Minerven denuncian jubilaciones forzadas y pagos insuficientes

Un grupo de trabajadores de la empresa estatal aurífera Minerven acudió a la sede del Ministerio del Trabajo en Puerto Ordaz, estado Bolívar, para denunciar presuntas jubilaciones forzadas y cuestionar los montos establecidos para sus liquidaciones.

Los afectados aseguran que la empresa inició el proceso sin ofrecerles información suficiente ni permitirles discutir las condiciones económicas. Según sus testimonios, algunos pagos no alcanzarían el equivalente a 200 dólares por cada año de servicio. 

Trabajadores cuestionan los montos ofrecidos

Entre los empleados afectados se encuentra Simón Diamond, un trabajador con discapacidad que aseguró haber prestado servicios durante 33 años en distintas áreas de Minerven.

Diamond relató que fue informado un sábado sobre la aprobación de su jubilación y que, dos días después, le notificaron que recibiría aproximadamente 5.000 dólares como liquidación.

“Esa empresa fue el amor de mi vida y hoy me toca divorciarme y no estoy conforme con lo que está pasando”, expresó el trabajador.

También denunció que la compañía le habría negado apoyo médico cuando su esposa presentó recientemente una complicación de salud.

Otro de los trabajadores, Orlando Guandube, cuestionó que los salarios sean pagados en divisas mientras las jubilaciones son calculadas y canceladas en bolívares. Los empleados sostienen que las cantidades ofrecidas no corresponden con su antigüedad ni con los beneficios laborales acumulados.

El plan alcanzaría a unos 400 empleados

De acuerdo con información obtenida por El Pitazo, Minerven tendría previsto jubilar a cerca de 400 trabajadores en un periodo de seis meses. La primera etapa habría incluido a 50 empleados, de los cuales 23 ya habrían firmado su incorporación a la nómina de jubilados. 

Los trabajadores estiman que entre 40 y 50 personas podrían ser jubiladas mensualmente. Entre los incluidos se encontrarían supervisores, analistas y obreros especializados que ingresaron a la empresa durante las décadas de 1990 y 2000.

Los afectados también acudieron a la Defensoría del Pueblo y al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales para solicitar acompañamiento institucional y una revisión de los procedimientos.