Representantes de pueblos indígenas de Venezuela se reunieron el 18 de noviembre con una delegación de la Asamblea Nacional electa en 2015.
Representantes de pueblos indígenas de Venezuela se reunieron el 18 de noviembre con una delegación de la Asamblea Nacional electa en 2015, encabezada por su presidenta, Dinorah Figuera, y el diputado Ramón López. En el encuentro pidieron incluir en la mesa de diálogo la restitución del voto universal, directo y secreto para elegir a sus voceros, junto con medidas para atender las dificultades que enfrentan sus comunidades.
Romel Guzamana entregó un documento en nombre de comunidades de ocho estados del país. En el texto, según la información difundida, rechazó el mecanismo de elección de representantes indígenas aplicado desde 2020 y solicitó que los derechos electorales de los pueblos originarios sean parte de las discusiones y posibles acuerdos políticos.
El sistema vigente fue aprobado por el Consejo Nacional Electoral en 2020. Estableció un proceso en dos etapas: primero, las comunidades se reunían en asambleas para elegir voceros; luego, esos delegados participaban en asambleas generales para escoger a los representantes indígenas ante la Asamblea Nacional. La votación se realizaba públicamente y a mano alzada.
Guzamana cuestionó que ese procedimiento sustituyera el sufragio directo por una elección de segundo grado. También objetó el carácter público de la votación y pidió que se restablezca un mecanismo directo y secreto.
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea también cuestionó el sistema utilizado en los comicios regionales y municipales de 2021. Según el informe citado en la información disponible, 4.534 delegados fueron seleccionados en una primera etapa para elegir posteriormente a los representantes indígenas. La misión calificó el proceso de opaco y advirtió que la elección de segundo grado no respetaba los principios constitucionales del sufragio directo y secreto.
Durante la reunión, los representantes indígenas expusieron problemas que afectan las condiciones de vida en sus territorios. Entre ellos mencionaron deficiencias en los servicios de salud, un repunte de casos de malaria, dificultades para acceder al agua potable y fallas en los servicios básicos.
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