Provea pidió al Estado venezolano transparentar la información sobre las medidas de excarcelación concedidas desde el 14 de agosto
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) pidió al Estado venezolano transparentar la información sobre las medidas de excarcelación concedidas desde el 14 de agosto y avanzar en la derogación de normas y mecanismos que, según la organización, han servido de sustento para detenciones arbitrarias en el país.
Óscar Murillo, coordinador de Provea, advirtió que la ausencia de un registro oficial y centralizado dificulta conocer con precisión cuántas personas han salido de los centros de reclusión y bajo qué condiciones jurídicas.
Murillo propuso la creación de un portal digital dependiente del Ministerio para el Servicio Penitenciario que permita consultar información básica de cada persona beneficiada con una medida de excarcelación.
“Lamentablemente se repite un esquema que ya hemos visto en otros procesos de anuncio de excarcelaciones, que se puede resolver de una manera muy sencilla, sin generar más revictimización y sin colocar a la población en esta situación de incertidumbre entre la cifra que se anuncia y la que se verifica”, sostuvo.
El representante de Provea hizo referencia a la diferencia existente entre los 131 casos anunciados por voceros gubernamentales y los 81 que, según indicó, habían sido confirmados por organizaciones defensoras de derechos humanos.
Murillo señaló que las medidas anunciadas durante los últimos días no deben ser presentadas necesariamente como liberaciones plenas. El activista explicó que, en muchos casos, las personas abandonan los centros de reclusión bajo medidas restrictivas que mantienen condiciones judiciales vigentes.
“Nos ajustamos al estándar internacional de que son personas detenidas arbitrariamente. ¿Qué significa eso? Que fueron detenidas sin una orden judicial previa, no hubo debido proceso, no tuvieron asistencia a la defensa y han pasado por una situación de privativa ilegítima de libertad”, aseveró.
Por esta razón, Provea considera más preciso hablar de excarcelaciones con medidas restrictivas, salvo en aquellos expedientes donde exista un cierre definitivo del proceso y la restitución completa de los derechos de la persona.
Murillo también advirtió que incluso quienes obtienen decisiones de libertad plena pueden continuar enfrentando obstáculos administrativos.
“Llevamos muchos casos registrados y documentados de que no terminan enviándole toda la información a todas las dependencias. Por ejemplo, tenemos personas que tienen libertad plena ante un tribunal, pero no han podido emitir su pasaporte o hacer otros trámites administrativos ante cualquier operador de justicia”, denunció.
Óscar Murillo, coordinador de Provea, advirtió que la ausencia de un registro oficial y centralizado dificulta conocer con precisión cuántas personas han salido de los centros de reclusión y bajo qué condiciones jurídicas.
Murillo propuso la creación de un portal digital dependiente del Ministerio para el Servicio Penitenciario que permita consultar información básica de cada persona beneficiada con una medida de excarcelación.
“Lamentablemente se repite un esquema que ya hemos visto en otros procesos de anuncio de excarcelaciones, que se puede resolver de una manera muy sencilla, sin generar más revictimización y sin colocar a la población en esta situación de incertidumbre entre la cifra que se anuncia y la que se verifica”, sostuvo.
El representante de Provea hizo referencia a la diferencia existente entre los 131 casos anunciados por voceros gubernamentales y los 81 que, según indicó, habían sido confirmados por organizaciones defensoras de derechos humanos.
Provea diferencia entre excarcelación y libertad plena
Murillo señaló que las medidas anunciadas durante los últimos días no deben ser presentadas necesariamente como liberaciones plenas. El activista explicó que, en muchos casos, las personas abandonan los centros de reclusión bajo medidas restrictivas que mantienen condiciones judiciales vigentes.
“Nos ajustamos al estándar internacional de que son personas detenidas arbitrariamente. ¿Qué significa eso? Que fueron detenidas sin una orden judicial previa, no hubo debido proceso, no tuvieron asistencia a la defensa y han pasado por una situación de privativa ilegítima de libertad”, aseveró.
Por esta razón, Provea considera más preciso hablar de excarcelaciones con medidas restrictivas, salvo en aquellos expedientes donde exista un cierre definitivo del proceso y la restitución completa de los derechos de la persona.
Murillo también advirtió que incluso quienes obtienen decisiones de libertad plena pueden continuar enfrentando obstáculos administrativos.
“Llevamos muchos casos registrados y documentados de que no terminan enviándole toda la información a todas las dependencias. Por ejemplo, tenemos personas que tienen libertad plena ante un tribunal, pero no han podido emitir su pasaporte o hacer otros trámites administrativos ante cualquier operador de justicia”, denunció.
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