Transparencia Venezuela pidió divulgar las cuentas, los contratos y las obligaciones pendientes de los organismos suprimidos.
Transparencia Venezuela pidió divulgar las cuentas, los contratos y las obligaciones pendientes de los organismos suprimidos, además de identificar a los responsables de administrar sus fondos.
La liquidación de siete organismos adscritos al Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno mantiene abiertos varios interrogantes sobre el manejo y el destino de los recursos públicos administrados por esas instituciones.
La medida fue ordenada mediante el Decreto 5.248, firmado en febrero de 2026, como parte de un proceso de reorganización de la estructura estatal. El documento estableció la supresión de fundaciones, misiones y dependencias que desarrollaban actividades vinculadas con infraestructura, juventud, seguridad, atención social y comunidades fronterizas.
Transparencia Venezuela advirtió que el cierre administrativo de los organismos no elimina la obligación del Estado de rendir cuentas sobre su funcionamiento. La organización solicitó conocer cómo fueron utilizados los fondos, cuáles compromisos quedaron pendientes y quiénes estuvieron a cargo de su ejecución.
Los organismos incluidos en la medida
El decreto ordenó la liquidación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa); la Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz; la Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra y la Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa General en Jefe Félix Antonio Velásquez.
La decisión también alcanzó a la Fundación Propatria 2000, la Fundación Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE) y la Fundación José Félix Ribas (Fundaribas).
Cuatro de estos organismos fueron creados durante la administración de Nicolás Maduro, mientras que otros tuvieron su origen en los gobiernos de Hugo Chávez y Jaime Lusinchi. Sus funciones serían transferidas a otros ministerios, misiones y empresas estatales.
El decreto indicó que “el proceso de supresión y liquidación tendrá una duración de noventa días y quedará a cargo de una junta liquidadora”. Esa instancia estaría integrada por un presidente y seis miembros designados por el titular del Ministerio del Despacho de la Presidencia.
Solicitan publicar cuentas y contratos
Transparencia Venezuela señaló que la reorganización del Estado debe estar acompañada por la divulgación de información financiera, administrativa y contractual de cada institución.
La organización “exige la publicación de toda la información referida a la gestión de estos entes y de quienes los han estado dirigiendo todo este tiempo”.
Entre los documentos cuya divulgación permitiría evaluar la gestión se encuentran los presupuestos asignados, balances financieros, contrataciones, nóminas, inventarios de bienes, obras ejecutadas y obligaciones que todavía permanezcan pendientes.
También considera necesario informar cuál será el destino de los activos pertenecientes a estos organismos, qué instituciones asumirán sus competencias y bajo qué mecanismos serán transferidos los recursos, el personal y los proyectos inconclusos.
Para la organización, la falta de información impide determinar los resultados alcanzados por estas entidades y establecer posibles responsabilidades administrativas o patrimoniales.
Cuatro entes bajo observación
En su análisis, Transparencia Venezuela examinó particularmente la gestión de la Fundación Propatria 2000, el Cesppa, la OPPPE y la Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz.
La organización sostiene que estas instituciones funcionaron durante años con escasa información pública disponible y fueron objeto de denuncias relacionadas con opacidad y presuntas irregularidades. Estos señalamientos requieren investigaciones y la determinación de responsabilidades por parte de los organismos competentes.
En el caso del Cesppa, su eliminación también generó dudas sobre el destino de las facultades que tenía para solicitar, procesar y clasificar información considerada de interés para la seguridad del Estado. Distintos sectores han pedido aclarar si esas atribuciones fueron eliminadas o transferidas a otra dependencia.
La liquidación no sustituye la rendición de cuentas
La supresión de una institución pública implica cerrar operaciones, determinar activos y pasivos, resolver obligaciones laborales y contractuales, y transferir las competencias que deban mantenerse. Sin embargo, ese procedimiento no sustituye la evaluación de la gestión realizada durante sus años de funcionamiento.
Transparencia Venezuela insistió en que la ciudadanía tiene derecho a conocer qué ocurrió con los recursos administrados por los siete organismos y cuáles fueron los resultados de los proyectos financiados con dinero público.
La organización solicitó que el proceso sea documentado y que se publiquen los informes de las juntas liquidadoras, con el propósito de evitar que el cierre de las instituciones termine eliminando la posibilidad de investigar su administración.
Teletón "Unidos por Venezuela" superó su meta y reunió más de 2,3 millones de dólares
Psiquiatra alerta sobre el aumento y subregistro de suicidios en Venezuela
Gobierno levantó la suspensión y autorizó nuevamente el uso de drones en Venezuela