España dejará de otorgar residencia temporal humanitaria a venezolanos desde el 12 de junio

El Gobierno de España dejará de conceder y renovar autorizaciones de residencia temporal por razones humanitarias, un mecanismo que durante los últimos años benefició principalmente a ciudadanos venezolanos. La medida entrará en vigor este 12 de junio como parte de la implementación del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado por la Unión Europea para unificar los criterios migratorios entre los Estados miembros.

Según las autoridades, el cambio responde a la necesidad de adaptar el sistema español a la nueva normativa europea en materia de protección internacional y migración.

Fin de un mecanismo que regularizó a miles de venezolanos

La autorización de residencia por razones humanitarias fue creada por España en 2018 como respuesta al elevado número de solicitudes de asilo presentadas por ciudadanos venezolanos y al bajo porcentaje de reconocimiento del estatus de refugiado. Gracias a esta medida, cerca de 240.000 venezolanos lograron regularizar su situación migratoria en territorio español durante los últimos años.

Con la entrada en vigor del nuevo pacto europeo, quienes actualmente poseen este tipo de residencia ya no podrán renovarla bajo el mismo mecanismo. Asimismo, tampoco podrán solicitar procesos de reagrupación familiar asociados a esta figura migratoria. Las autoridades españolas han recomendado a los afectados gestionar otras autorizaciones de residencia y trabajo previstas en la legislación de extranjería.

España aplicará nuevos procedimientos de asilo en frontera

La implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo también contempla cambios en los procedimientos de protección internacional. Entre ellos destaca la creación de un sistema de evaluación acelerada para migrantes que ingresen por vías irregulares o sean interceptados en intentos de entrada al país.

Según la normativa, las solicitudes de protección internacional realizadas en frontera deberán resolverse en un plazo máximo de 12 semanas. Durante ese período, los solicitantes permanecerán en instalaciones habilitadas mientras se analiza su caso. En caso de que la petición sea rechazada, las autoridades podrán proceder con el retorno o la devolución correspondiente.

Además, España aplicará procedimientos de examen acelerado para ciudadanos provenientes de países cuya tasa de reconocimiento de protección internacional sea inferior al 20 % dentro de la Unión Europea, como parte de los nuevos mecanismos establecidos por Bruselas.