Colombia aclara que deportaciones no afectarán a venezolanos regularizados

El gobierno de Colombia aclaró este martes que los nuevos operativos de control migratorio y deportación anunciados por el presidente Abelardo de la Espriella no estarán dirigidos contra los venezolanos que llegaron al país durante los años más críticos de la crisis migratoria y que actualmente cuentan con un estatus regular o algún régimen de protección especial.

El ministro del Interior colombiano, Rodrigo Lara, explicó que la decisión anunciada por el Ejecutivo busca actuar principalmente contra la migración irregular y las estructuras criminales relacionadas con delitos y tráfico de personas.

“El presidente no se refiere a los a los hermanos venezolanos que llegaron en lo más duro de la crisis, que fueron casi dos millones de hermanos venezolanos y en un 90% fueron perfectamente regularizados y recibieron un trato de hermandad”, expresó Lara durante una entrevista con Noticias Caracol.

El funcionario sostuvo que la nueva estrategia también pretende enfrentar a las redes que obtienen beneficios económicos mediante el tráfico de migrantes en rutas como el tapón del Darién. Entre las organizaciones señaladas mencionó al Clan del Golfo.

Operativos priorizarán a extranjeros vinculados con delitos

El presidente De la Espriella instruyó a Migración Colombia y a las autoridades policiales de Barranquilla a reforzar los controles destinados a identificar a ciudadanos extranjeros involucrados en actividades delictivas o que permanezcan en el país sin haber regularizado su situación migratoria.

Durante un consejo de seguridad realizado en Barranquilla, el mandatario indicó que las actuaciones tendrán como primera prioridad a quienes estén relacionados con delitos. Posteriormente, los controles se extenderán a extranjeros que permanezcan irregularmente en territorio colombiano.

“No voy a aceptar a inmigrantes ilegales de donde sea que vengan que estén cometiendo delitos en Colombia. Se van y los deportamos”, afirmó el jefe de Estado, al solicitar que los procedimientos se ejecuten en el menor tiempo posible.

Las autoridades, sin embargo, establecieron una diferenciación entre las personas que permanecen irregularmente en el país y la población venezolana que fue acogida durante los años de mayor flujo migratorio y posteriormente accedió a mecanismos de regularización.

Gobierno anuncia cambios en su estrategia de seguridad

Las medidas migratorias forman parte de una reestructuración más amplia de la política de seguridad impulsada por la administración de De la Espriella, que también contempla cambios en la forma en que el Estado enfrentará a las organizaciones armadas y estructuras criminales.

El mandatario planteó eliminar distinciones en la respuesta de las autoridades frente a estos grupos y avanzar hacia su catalogación como organizaciones terroristas.

“Aquí se acabó esa división. Cuando de combatir el crimen se trata, no hay diferencias ni en la acción del Estado ni en la respuesta del Estado, y mucho menos en una categorización inventada por sectores que buscan proteger a esos bandidos para que el Estado no pueda ejercer la fuerza legítima como corresponde”, señaló.

Con la aclaratoria del Ministerio del Interior, el gobierno colombiano busca diferenciar los nuevos controles migratorios de la política aplicada a los venezolanos que llegaron durante la crisis y que lograron regularizar su permanencia en Colombia.