Al menos 42 periodistas han muerto de forma violenta en Venezuela en los últimos 35 años

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa advirtió que numerosos expedientes continúan sin esclarecerse y reclamó investigaciones que determinen las responsabilidades materiales, intelectuales y de mando.

os 42 periodistas y trabajadores de la prensa han muerto de forma violenta en Venezuela durante los últimos 35 años, de acuerdo con un registro presentado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

El recuento comprende hechos ocurridos entre el 5 de noviembre de 1991 y el 5 de noviembre de 2026. La organización gremial precisó que algunas de las muertes estuvieron directamente relacionadas con el ejercicio periodístico, mientras que en otros expedientes todavía existen dudas sobre el móvil, las circunstancias y la eventual vinculación con la actividad profesional de las víctimas.

Para el SNTP, la respuesta judicial ha sido insuficiente y desigual. Mientras determinados casos concluyeron con condenas, otros permanecen sin responsables sancionados o carecen de información pública que permita conocer el avance de las investigaciones.

“La impunidad permite la repetición de la violencia”, advirtió la organización, que también señaló que la ausencia de justicia incrementa la desprotección, favorece la autocensura y limita el derecho de la sociedad a recibir información.

Coberturas periodísticas convertidas en escenarios de riesgo

El registro reúne casos ocurridos durante manifestaciones, conflictos políticos, operativos de seguridad y coberturas de calle. Entre los antecedentes figura la muerte de Virgilio Fernández, ocurrida en noviembre de 1992, después de que dispararan contra el vehículo identificado de El Universal en el que se trasladaba durante el intento de golpe de Estado.

También incluye a María Verónica Tessari, quien murió en enero de 1993 debido a las lesiones sufridas tras ser alcanzada por una bomba lacrimógena mientras cubría una manifestación, y al fotógrafo Jorge Ibraín Tortoza Cruz, asesinado el 11 de abril de 2002 cuando documentaba los enfrentamientos registrados en el centro de Caracas.

El SNTP señaló que estos casos estuvieron directamente vinculados con las labores de reportería. Sin embargo, el listado también recoge asesinatos antecedidos por denuncias, amenazas o investigaciones sobre asuntos de interés público.

Mauro Marcano y Orel Sambrano difundían informaciones relacionadas con narcotráfico y corrupción. Mijail Martínez trabajaba en un documental sobre víctimas de abusos policiales en el estado Lara cuando fue asesinado frente a su vivienda, en noviembre de 2009. Organizaciones internacionales advirtieron entonces sobre una posible relación entre el crimen, su trabajo y la labor de su padre como defensor de derechos humanos.

En agosto de 2018, Manuel Alejandro Parejo fue asesinado en la sede de Telesol, en Cumaná. Dos años después, Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Torres murieron durante un operativo de las extintas Fuerzas de Acciones Especiales en las instalaciones de Guacamaya TV, en Cabimas. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó ambos hechos y solicitó investigar la intervención de agentes estatales y su posible conexión con la actividad periodística.

Investigar más allá de los autores materiales

El sindicato sostuvo que una detención o una condena no bastan para considerar resuelto un crimen cuando siguen sin establecerse el móvil, los autores intelectuales o las posibles cadenas de mando.

“Las detenciones y los anuncios policiales no sustituyen una investigación completa”, afirmó el SNTP. La organización exigió examinar las amenazas previas, las denuncias realizadas por las víctimas, los intereses afectados por sus publicaciones y la posible participación de funcionarios o grupos armados.

El gremio también pidió que las hipótesis sean contrastadas mediante pruebas y que las investigaciones determinen todas las responsabilidades. En ese sentido, indicó que la condena de un ejecutor material no permite dar por esclarecido un asesinato si permanecen sin respuesta las razones del crimen y la identidad de quienes lo planificaron u ordenaron.

El recuento incorpora igualmente las muertes de Edwin Santos y Yolimar Hidalgo, cuyos casos mantienen interrogantes sobre sus causas y circunstancias. El SNTP aclaró que su inclusión busca reclamar esclarecimiento y no anticipar una conclusión judicial o forense.

La impunidad también afecta a las familias

La falta de respuestas judiciales prolonga el impacto de los crímenes sobre los familiares. Además de afrontar la pérdida, deben sostener durante años trámites, gastos y gestiones para acceder a expedientes o conocer el estado de las investigaciones.

Para la organización, esta ausencia de justicia no solo afecta a las víctimas y a sus allegados. También genera temor entre quienes ejercen el periodismo, desalienta la cobertura de asuntos sensibles y debilita las garantías necesarias para investigar y difundir información de interés público.

El SNTP insistió en que esclarecer las 42 muertes exige determinar las circunstancias de cada caso, sancionar a todos los responsables y garantizar medidas de reparación. La organización afirmó que combatir la impunidad es indispensable para proteger el ejercicio periodístico, la libertad de expresión y el derecho ciudadano a estar informado.