Las investigaciones por violaciones de derechos humanos y asesinatos registrados en Venezuela desde las protestas en 2014, recogen pruebas suficientes para que el ultimo informe de la ONU basara su decisión para investigar a Nicolás Maduro y a representantes en altos cargos en Venezuela.

Según el informe ONU, Maduro, sus ministros de defensa Vladimir Padrino López y del Interior, Néstor Reverol,no sólo estaban al tanto de los crímenes, sino que dieron órdenes, coordinaron operaciones y suministraron recursos.

Protestas en Venezuela desde el 2014 generaron asesinatos sistemáticos ordenados por Maduro AFP/ JUAN BARRETO

La evidencia es detallada, especialmente documentada y aterradora, los asesinatos sistemáticos, torturas y violencias sexuales. El informe recoge pruebas claras de que las órdenes vinieron de lo más alto: Nicolás Maduro, su gobierno y los altos funcionarios de seguridad.

La Misión investigó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales. Examinó 2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad, aunque no todos fueron necesariamente arbitrarios.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) asegura que el gobierno de Venezuela ha cometido “violaciones atroces” que equivalen a crímenes de lesa humanidad.

Los crímenes identificados, de acuerdo a la Misión Internacional de la ONU, apuntan desde ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura, en mas de 223 casos que documentaron, a pesar de que el régimen venezolano le negó la autorización para que sus miembros entren al país.

“Los crímenes se cometieron con el conocimiento de los altos funcionarios del gobierno de Venezuela”

“Lejos de ser aislados, fueron coordinados y cometidos conforme a políticas estatales”, concluye Marta Valiñas, presidente de la Misión, quien explicó que estos casos están contenidos en un informe de 411 páginas, con un total de 2.891 casos estudiados, que dan cuenta de un patrón sistemático en estos crímenes cometidos en Venezuela.

“Las autoridades dieron ayuda esencial, incluida material, logística y en recursos humanos, que era necesaria para las operaciones de seguridad e inteligencia que resultaron en la comisión de los crímenes”.

Valiñas, solicitó que el Estado venezolano investigue estas violaciones, procese a los responsables, los sancione y haga justicia a las víctimas, que llevan varios años esperando a que las instituciones nacionales actúen. En contrario, exigió que la comunidad internacional estudie iniciar acciones legales contra los responsables identificados en el informe y que el fiscal de la Corte Penal Internacional inicie procedimientos.

Este el primer reporte de la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Venezuela, comisionada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.