Catatumbo enfrenta la peor crisis humanitaria en décadas: Más de 84.000 afectados por la violencia
Desplazamiento masivo y confinamiento forzado
La región del Catatumbo, en Colombia, atraviesa la peor crisis humanitaria registrada en el país en los últimos años. Los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC han afectado a 84.621 personas, entre ellas comunidades indígenas y migrantes venezolanos, según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Mireille Girard, representante de ACNUR en Colombia, alertó que la violencia en el Catatumbo ha provocado el mayor desplazamiento masivo desde que se tienen registros en el país. “Hay comunidades y familias confinadas, con movilidad restringida y acceso limitado a alimentos, atención médica y ayuda humanitaria”, afirmó.
Las cifras son alarmantes: 52.286 personas han sido desplazadas, 19.000 tienen restricciones de movilidad, 8.668 permanecen confinadas y 4.667 corresponden a refugiados y migrantes venezolanos.
Violencia descontrolada y lucha por el narcotráfico
Desde el 16 de enero, los enfrentamientos han dejado al menos 56 muertos en la región, conformada por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, en el departamento de Norte de Santander.
El ELN y las disidencias de las FARC se disputan el control de esta zona fronteriza con Venezuela, un punto clave para el narcotráfico debido a la alta concentración de cultivos de coca. La violencia ha obligado a miles de familias a abandonar sus hogares y ha dejado a comunidades indígenas, como los yukpa y los barí, en una situación de extrema vulnerabilidad.
Niños sin clases y comunidades en riesgo
Uno de los grupos más afectados son los niños, quienes han quedado sin acceso a la educación debido a la violencia. “Los profesores han tenido que huir y los niños quedan desprotegidos, expuestos a vulneraciones, posiblemente también a violencia de género y reclutamiento forzado”, denunció Girard.
La crisis impacta de manera desproporcionada a poblaciones indígenas y afrodescendientes, que viven en zonas disputadas por múltiples grupos armados. A pesar de los esfuerzos de las administraciones locales, los recursos se han agotado rápidamente, dejando a las autoridades sin capacidad de respuesta.
La urgencia de una intervención estatal
Ante la magnitud de la crisis, ACNUR ha distribuido más de 40.000 kits de higiene y trabaja con organizaciones locales para brindar asistencia humanitaria. Sin embargo, Girard insiste en la necesidad de una mayor presencia del Estado en estas zonas para garantizar protección, acceso a servicios básicos y, sobre todo, poner fin a la violencia.
“Es fundamental que se detengan las armas para que las comunidades del Catatumbo puedan vivir en paz, que es lo único que están pidiendo”, enfatizó.
El reto ahora es brindar apoyo a los desplazados que han llegado a Cúcuta, Ocaña, Tibú e incluso a ciudades como Medellín y Bogotá. Muchos de ellos han perdido sus tierras y necesitan respaldo gubernamental para poder regresar y reconstruir sus vidas.
Sin una acción urgente, la crisis del Catatumbo seguirá escalando, afectando a miles de personas que hoy se encuentran atrapadas en medio del fuego cruzado.
