La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) reafirmó este lunes, 9 de septiembre, su compromiso con la justicia en Venezuela, asegurando que trabaja de manera imparcial para garantizar la rendición de cuentas por crímenes de lesa humanidad cometidos en el país. Esta declaración se da en medio de la controversia generada por la relación familiar entre el fiscal Karim Khan y una abogada defensora del régimen de Nicolás Maduro.
En un comunicado dirigido a medios de comunicación, la oficina de Khan señaló: «Nuestra labor no se verá afectada por factores externos, y continuaremos trabajando diligentemente para responsabilizar a los autores de crímenes en Venezuela, ya sea a través de nuestra propia investigación o mediante acciones legítimas dentro del país».
La investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que se inició en noviembre de 2021 y abarca violaciones cometidas desde 2014, sigue su curso, según confirmó la Fiscalía. Esto fue ratificado luego de que la Sala de Cuestiones Preliminares rechazara la apelación del gobierno de Maduro que buscaba frenar el avance de las investigaciones.
La Fiscalía también informó que está monitoreando de cerca los eventos recientes en Venezuela, especialmente tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, y está evaluando las denuncias relacionadas con posibles crímenes que podrían ser de su competencia. «Estamos analizando la información de forma independiente y objetiva», añadió la Fiscalía.
Además, se reveló que se han llevado a cabo gestiones diplomáticas con el gobierno de Maduro para resaltar la necesidad de proteger los derechos humanos y garantizar que todas las personas estén a salvo de violaciones que pudieran constituir crímenes contemplados en el Estatuto de Roma.
La declaración de la Fiscalía ocurre después de que el diario The Washington Post publicara un artículo que cuestionaba un posible conflicto de intereses del fiscal Khan, debido a que su cuñada, Venkateswari Alagendra, forma parte del equipo de defensa de Maduro en el caso. Según el medio, la Oficina del Fiscal está sujeta a un código de conducta que exige a sus miembros evitar cualquier conflicto de interés, ya sea personal, familiar o profesional.
A pesar de la polémica, la Fiscalía reiteró que sus acciones se guían por los principios de imparcialidad y transparencia en el cumplimiento de sus funciones.
