Un grupo de expertos independientes de la ONU manifestó su preocupación ante lo que consideran un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos en Venezuela, tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. Así lo informó la oficina del alto comisionado para los Derechos Humanos en un reciente comunicado.
Los especialistas señalaron que varios organismos de supervisión, incluidos observadores electorales invitados por el propio gobierno, cuestionaron la transparencia y veracidad del proceso electoral. Más allá de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el grupo de expertos subrayó la existencia de graves violaciones a los derechos humanos.
“Identificamos un alto nivel de vulnerabilidad entre la población, especialmente entre defensores de derechos humanos, trabajadores sociales, periodistas y aquellos percibidos como opositores. La información recabada indica que el sistema de justicia penal está siendo utilizado de manera arbitraria por el Ministerio Público para criminalizar a estos grupos, en un contexto marcado por la corrupción, la impunidad y la falta de un poder judicial independiente”, afirmaron.
Los expertos también documentaron una ola de violaciones a los derechos humanos antes, durante y después de las elecciones, que incluyó detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, homicidios, desapariciones forzadas, hostigamiento y despidos ilegales. Señalaron que más de 1.300 personas fueron detenidas arbitrariamente, incluyendo menores de edad, personas mayores, personas con discapacidad, indígenas, mujeres, y miembros de la comunidad LGBTIQ+. Además, denunciaron al menos 21 muertes causadas por armas de fuego, presuntamente por agentes no estatales con apoyo de las fuerzas de seguridad.
El grupo de expertos también rechazó la reciente aprobación de una ley que restringe las actividades de las ONG, advirtiendo que esta medida solo endurecerá las limitaciones al derecho a la libertad de asociación. Además, señalaron el uso indebido de cargos de terrorismo y las restricciones en plataformas de redes sociales y aplicaciones de mensajería.
“Existen pruebas claras de un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos que impide el disfrute pleno de los derechos fundamentales y pone en riesgo la vida de quienes critican al gobierno”, concluyeron. Finalmente, instaron a las autoridades venezolanas a poner fin a estas prácticas, liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente, y garantizar investigaciones independientes sobre todas las violaciones a los derechos humanos.
