El Gobierno de Estados Unidos ha condenado enérgicamente la reciente ola de represión en Venezuela, que se ha intensificado desde las elecciones presidenciales del 29 de julio.
La administración estadounidense ha dejado claro que cualquier intento de arresto de los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia por parte del gobierno de Nicolás Maduro podría desencadenar una fuerte reacción internacional.
Francisco Mora, embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), expresó que un movimiento de este tipo por parte de Maduro activaría a la comunidad internacional de manera significativa.
«Si Maduro decide hacer eso, activará a la comunidad internacional en formas que él no podría imaginarse, y creo que sus esfuerzos por fracturar y dividir a la comunidad internacional habrán fracasado rotundamente», declaró Mora en el Atlantic Council, un centro de estudios con sede en Washington.
El embajador sugirió que Estados Unidos podría proponer una resolución contundente en la OEA si se llevan a cabo arrestos de los líderes opositores. Además, reafirmó que Venezuela sigue siendo una prioridad para Estados Unidos, prometiendo no abandonar al pueblo venezolano.
Por otro lado, Brian Nichols, subsecretario estadounidense para Asuntos del Hemisferio Occidental, denunció que «Maduro y su equipo han detenido a miles de venezolanos desde el 28 de julio por ejercer sus derechos fundamentales», advirtiendo que la represión no es una estrategia sostenible ni una muestra de fuerza real.
Nichols subrayó que la represión no podrá silenciar la voluntad del pueblo venezolano: «Las voces de los votantes venezolanos no serán silenciadas por la represión, la censura o la desinformación».
Según cifras de la ONG Foro Penal, desde el 29 de julio se han registrado 1.263 arrestos verificados en Venezuela. Sin embargo, el gobierno chavista ha reportado más de 2.000 detenciones. María Corina Machado, líder de la oposición, ha manifestado preocupación por los cerca de 800 detenidos no identificados, sugiriendo que podrían tratarse de casos de desaparición forzada.
Entre los detenidos identificados se encuentran 114 menores de edad, 16 personas con discapacidad, 5 indígenas y 160 mujeres.
