Para el gobierno de los Estados Unidos, queda aún la deuda de cientos de presos políticos a quienes tiene el régimen chavista en cautiverio, vulnerando de manera sistemática sus derechos humanos.
«El anuncio del régimen de Maduro de la desestimación condicional de los cargos penales contra aproximadamente un tercio de los presos políticos que tiene no resuelve, ni siquiera aborda, la crisis política subyacente de Venezuela», declaró el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, en un comunicado.
«Para los presos que fueron liberados, regresar a casa es un día para celebrar. Estados Unidos se une en respeto y admiración por estos patriotas y por los sacrificios que han hecho para liberar a su país», reiteró Pompeo. Sin embargo, cuestiona el «terrible» estado de la condición de la democracia en Venezuela.
El funcionario norteamericano fustigó las recientes declaraciones emitidas por Iris Varela, ministra de Asuntos Penitenciarios de Maduro y de Diosdado Cabello, acusado por EE.UU. de narcotraficante, quienes amenazaron a los «indultados» con rescindir el beneficio si alguna persona “vuelve a cometer actos de terrorismo, violencia o golpistas”, según lo determine arbitrariamente el régimen.
El secretario de Estado norteamericano, se refirió a líderes venezolanos como Juan Guaidó, Leopoldo López y Julio Borges, así como el embajador de Venezuela en Estados Unidos Carlos Vecchio y muchos otros «luchadores por la democracia» venezolana, quienes aún siguen «amenazados, acosados y acusados por el régimen», destacando además, que en la lista de los recientes excarcelados, no se incluyó a ningún líder chavista o sindical destacado preso; ni ningún miembro del ejército, a pesar de su «desproporcionado número entre los presos políticos» de la Fuarza Armada Venezolana.
Para el gobierno de los estados Unidos, desestima que políticos venezolanos exiliados no podan regresar a su país, pues considera que podrían ser encarcelados «instantáneamente». «… hay cero garantías para su seguridad», sentenció Pompeo.
El Departamento de Estado norteamericano, examinó las condiciones de excarcelación del diputado a la Asamblea Nacional venezolana por el estado Táchira, Juan Requesens, cuyos cargos no fueron desestimados y permanece bajo arresto domiciliario. Y es que el mismo día que Requesens fue liberado, la madre del diputado de la Asamblea Nacional, Armando Armas, fue detenida arbitrariamente. Recordándole a EE.UU. que el régimen mantiene una puerta giratoria de encarcelamiento e intimidación para extorsionar la participación en la «farsa electoral» de Maduro del 6 de diciembre.
Subrayó el gobierno norteamericano, a través de su Secretario de Estado, que en Venezuela «no existen» condiciones para unas elecciones «libres y justas» y la liberación de varios presos políticos no cambia eso. «Ninguno de los partidos políticos cuyo liderazgo fue removido y sus nombres, símbolos y bienes robados por el régimen han sido restaurados», sentenció Mike Pompeo, incluidos los partidos de izquierda que desafían el control del régimen sobre el legado político de Chávez.
«Muchos opositores políticos del régimen aún tienen prohibido postularse para cargos públicos y siguen sin derechos políticos», expresa el comunicado, al tiempo que desestima el Consejo Nacional Electoral (CNE) designado «ilegalmente» y que permanece bajo un estricto «control del régimen», un hecho que, según refiere EE.UU., se volverá crítico porque en sus manos se encuentran complejos procesos de registro.
En la misiva del Departamento de Estado del gobierno de Donald Trump, plasman con especial preocupación, la cada vez limitada libertad de prensa. «La libertad de expresión no existe», subraya Pompeo, tampoco existe «la libertad de reunión». Estas condiciones mínimas para recibir una misión de observación electoral internacional creíble «siguen ausentes».
Concluye en este comunicado que la Casa Blanca, reprocha cualquier acercamiento o negociación con el régimen madurista, que no sea para abandonar que éste abandone el poder de forma inmediata y definitiva, instando a todos los actores democráticos, tanto dentro como fuera de Venezuela, a continuar insistiendo en las condiciones necesarias, internacionalmente aceptadas, para unas «elecciones libres y justas». «Nosotros», dijo Pompeo y, «nuestros socios democráticos en Venezuela y la comunidad internacional, no contribuiremos a legitimar otro fraude electoral más llevado a cabo por el régimen de Maduro. Los ciudadanos venezolanos merecen nuestra continua solidaridad en su lucha por restaurar la democracia en su país».
