Una crisis estructural que requiere más que bonos
En la antesala del Día del Trabajador, el economista Asdrúbal Oliveros advirtió que el salario mínimo en Venezuela se ha vuelto insostenible y carece de sentido en la actual coyuntura económica. Durante una entrevista con Román Lozinski, el director de Ecoanalítica hizo un llamado a emprender una reforma estructural de la Ley Orgánica del Trabajo, y no limitar las acciones del Estado al otorgamiento de bonos.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!“Más que un problema, estamos frente a una situación dramática con consecuencias”, señaló Oliveros, al destacar que la legislación laboral venezolana es una de las principales barreras para diseñar incrementos salariales sostenibles, sin poner en riesgo la viabilidad del Estado ni la de las empresas privadas.
Según explicó, cualquier revisión del esquema salarial debe construirse a través de consensos y diálogos que involucren al Estado —en su doble rol de regulador y empleador—, al sector privado y a los trabajadores. “No se pueden plantear modelos de prestaciones o pensiones que lleven a la quiebra a las empresas”, subrayó.
Los límites de los bonos y un Estado sobredimensionado
Oliveros cuestionó el uso extendido de bonos como sustitutos salariales. Si bien reconoció que esta medida ha permitido mantener cierta estabilidad financiera, afirmó que representa una solución temporal que deja desprotegidos a los trabajadores en el mediano y largo plazo.
“El Gobierno puede ofrecer un mejor salario, pero uno que realmente cubra la canasta básica resulta hoy inviable”, advirtió. De acuerdo con los cálculos de Ecoanalítica, el Estado apenas puede cubrir un 10% del costo de una canasta alimentaria, que se sitúa alrededor de los 500 dólares mensuales para una familia de cuatro personas. Un salario público sostenible rondaría los 100 o 120 dólares por trabajador, muy por debajo de la canasta global estimada en 1.200 dólares.
Reforma institucional y sistema de pensiones en crisis
Para el economista, la solución no se limita a ajustes legislativos o financieros. “La raíz del problema es institucional”, señaló, al insistir en que el tamaño actual del Estado venezolano es inviable si se pretende garantizar salarios y pensiones dignas.
También recordó que la hiperinflación sufrida entre 2017 y 2021 destruyó los mecanismos tradicionales de seguridad social en bolívares, y que reconstruir un sistema funcional requerirá no solo estabilización macroeconómica, sino un nuevo marco de políticas públicas que promuevan una inflación controlada y una red de protección real para los trabajadores.
