Este lunes 14 de diciembre se divulgó un informe de la Corte Penal Internacional (CPI) donde concluyen que existen fundamentos razonables para considerar que los organismos de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro cometieron crímenes de lesa humanidad sobre la población venezolana.
CPI: oficialismo podría ser autor de crímenes de lesa humanidad
El reporte lo dio a conocer la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, quien aseguró tener evidencia de actos de tortura, violación, persecución a grupos y colectividad por motivos políticos en el país, además de crímen de lesa humanidad por encarcelación.
Dichas acciones, agregó, fueron registradas «al menos desde abril del 2017 por parte de autoridades autoridades civiles, funcionarios de las fuerzas armadas e individuos a favor del gobierno».
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Entre los organismos de seguridad estatales que retrata el informe se destacan:
- Policía Nacional Bolivariana (PNB).
- Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
- Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
- Fuerza de Acciones Especiales (FAES).
- Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
- Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
- Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas).
- Ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Máximos responsables y colectivos
El documento publicado por la CPI habla sobre otros grupos vinculados con crímenes de lesa humanidad cometidos sobre la sociedad venezolana. Entre ellos resaltan la presencia de grupos paramilitares a disposición del oficialismo, mejor conocido como colectivos.
Bensouda explica que estas agrupaciones actuaron «junto con miembros de las fuerzas de seguridad, o con su respectivo consentimiento». Además, indicó que se conoce sobre la «participación de individuos a favor del gobierno de Maduro en la represión de opositores o gente percibida como tal».
No obstante, la fiscal expone que los posibles potenciales casos identificados por la Fiscalía «no estarían limitados» a los grupos antes mencionados. Por el contrario, manifestó que se procuraría «examinar la presunta responsabilidad de aquellos que parezcan ser los máximos responsables por tales crímenes».
Sumó que su función es «establecer si se ha satisfecho el umbral requerido para abrir investigaciones». Asimismo, destaca que no excluye otros potenciales crímenes cometidos en Venezuela.
«La Fiscalía anticipa concluir el examen preliminar a fin de determinar si existe fundamento razonable para proceder a una investigación durante la primera parte de 2021», finalizó.
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#ICC Prosecutor #FatouBensouda issues Report on Preliminary Examination Activities (2020) ⤵️https://t.co/4h7zunttAp
— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) December 14, 2020
