Con la presunta intención de burlar las sanciones emitidas por Estados Unidos sobre funcionarios del gobierno venezolano, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) debatirá este próximo jueves 8 de octubre la aprobación del proyecto de «ley antibloqueo». Así lo informó la vicepresidenta de la ANC, Gladys Requena.
Ley antibloqueo próxima a debatirse en la ANC
Dicha ley fue propuesta por Nicolás Maduro, quien determinó que también atenderá el tema salarial del país.
«Es un proceso que va a tomar un poco de tiempo. Se abre un gran debate. El presidente Maduro ha solicitado que sea consultado a nuestro pueblo; y esta ley trae elementos que desarrollan los sistemas compensatorios del salario o del ingreso real de los trabajadores», explicó Requena.
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Seguidamente, mencionó que las comisiones de Economía, Constitucional, Derechos Humanos, entre otras, trabajan en el estudio de un proyecto al respecto.
No obstante, aseguró que las restricciones del gobierno estadounidense limitó al Estado venezolano para adquirir insumos de diversa índole. «En cinco años el bloqueo logrócortar de un tajo el financiamiento al país. Impidiendo que el Estado disponga de las divisas para adquirir los alimentos, las medicinas, los insumos y materias primas esenciales de la actividad económica», agregó la oficialista.
Del mismo modo, precisó que el objetivo del proyecto de ley es proveer y financiar servicios públicos de calidad a los venezolanos, además de «impulsar la capacidad productiva nacional».
Detalles de ley
Con relación a las facultades que otorga esta propuesta, Requena destacó Maduro recibiría amplias facultades para cambiar ofirmar nuevos acuerdos y contratos con empresas privadas y gobiernos sin ningún tipo de revisión.
No obstante, estos acuerdos estarían sujetos a la evaluación de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.
Asimismo, autoriza modificar la propiedad de las empresas mixtas, que la estatal Petróleos de Venezuela creó con mayoría de acciones en sociedad con compañías privadas nacionales y extranjeras.
Por otro lado, otorgaría la potestad de revertir las expropiaciones de empresas que se concretaron bajo el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez. «Si la nacionalización no generó beneficios, hay que buscar fórmulas para no tener un cementerio de infraestructuras», dijo el constituyente Hermann Escarrá.
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