El Centro Carter, que actuó como observador en las recientes elecciones presidenciales de Venezuela, ha declarado que el proceso electoral no cumplió con los estándares internacionales de integridad y transparencia, y por lo tanto, no puede ser calificado como democrático.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!En un comunicado emitido este martes, el Centro Carter expresó que no puede confirmar ni verificar la autenticidad de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que declaró vencedor al presidente Nicolás Maduro a pesar de que aún faltan más de dos millones de votos por contar. La organización subrayó que la falta de resultados desglosados por mesa constituye una violación significativa de los principios electorales.
El Centro Carter señaló que el proceso electoral en Venezuela «no alcanzó los estándares internacionales de integridad en ninguna de sus etapas» y violó varios principios de la legislación nacional. La organización destacó que el entorno electoral se caracterizó por «libertades restringidas» que afectaron a actores políticos, organizaciones civiles y medios de comunicación.
El CNE, según el informe, mostró un sesgo claro a favor del oficialismo, perjudicando las candidaturas opositoras. Además, el registro electoral presentó numerosas irregularidades, como plazos cortos y falta de acceso para los ciudadanos en el exterior, quienes enfrentaron obstáculos legales para inscribirse en el padrón.
El comunicado del Centro Carter también criticó el registro de partidos y candidatos, afirmando que no se ajustó a los estándares internacionales. La intervención judicial en partidos de oposición ha debilitado sus liderazgos, favoreciendo a figuras afines al gobierno. La inscripción de candidatos opositores estuvo sujeta a decisiones arbitrarias de las autoridades electorales, sin respetar principios jurídicos fundamentales.
La campaña electoral fue marcada por un fuerte desequilibrio en favor del gobierno. La candidatura oficialista dispuso de amplios recursos, lo que se reflejó en una mayor cantidad de mítines, propaganda y presencia en medios de comunicación. Se observó un abuso de recursos públicos, incluyendo el uso de vehículos oficiales y programas sociales para promover la candidatura de Maduro.
El Centro Carter también documentó intentos del gobierno por limitar las campañas opositoras, mediante la persecución e intimidación de colaboradores de candidatos antichavistas.
