Carlos Trapani, coordinador general de la ONG Cecodap, expresó su profunda preocupación por la creciente tendencia de imputar cargos de terrorismo a adolescentes detenidos en el contexto postelectoral en Venezuela. Aunque algunos de estos jóvenes fueron arrestados en flagrancia mientras realizaban acciones como la quema de propiedades, Trapani subraya que estos actos, si bien son delictivos, no deberían ser clasificados automáticamente como terrorismo.
Trapani argumenta que la aplicación de cargos por terrorismo en estos casos es cuestionable, tanto desde un punto de vista legal como ético, ya que podría llevar a la imposición de penas desproporcionadas que no reflejan la gravedad real de los hechos.
Desde la reforma de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) en 2015, se incluyó el terrorismo como un delito que puede llevar a la privación de libertad para los adolescentes, algo que Cecodap ve con preocupación. “Advertimos sobre el peligro de criminalizar a los adolescentes de manera injusta”, afirmó Trapani.
Según la Lopnna, los adolescentes a partir de los 14 años pueden ser responsables penalmente, pero bajo un sistema diseñado para aplicar medidas socioeducativas y reservar la privación de libertad para casos excepcionales, como homicidios o actos de terrorismo. Sin embargo, Trapani enfatiza la importancia de realizar investigaciones exhaustivas que determinen si las acciones de los adolescentes realmente encajan en la categoría de terrorismo.
Derechos fundamentales en riesgo
Trapani también destacó la importancia de que los adolescentes sean juzgados por jueces especializados en responsabilidad penal de adolescentes, como lo establece la ley. Cualquier violación de este principio, como la intervención de jueces no especializados, constituye una violación del derecho al juez natural, un pilar fundamental del debido proceso.
Además, subrayó que los adolescentes y sus familias tienen el derecho a elegir su defensa, ya sea privada o con el apoyo de organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, Trapani denunció que muchos adolescentes detenidos en estos contextos han sido obligados a aceptar defensores públicos, lo que limita las opciones de las familias y pone en duda la efectividad de la representación legal.
Otra preocupación grave es el trato que reciben los adolescentes bajo custodia. Trapani denunció que muchos han sido sometidos a incomunicación prolongada, sin poder comunicarse con sus padres o abogados, lo que viola sus derechos fundamentales según la normativa legal vigente.
