El director técnico de conexiones Cibercom, Josué Bracamonte, explicó que el mundo de las cámaras de seguridad es cada vez más amplio, destacando que los usuarios buscan dispositivos fáciles de instalar, con una creciente preferencia por modelos inalámbricos.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!“Hay clientes que nos piden cámaras espías que se confunden con un botón”, comentó Bracamonte, iniciando un debate sobre los límites de la privacidad en el uso de estos dispositivos.
El especialista señaló que, dentro de los servicios de Cibercom, algunas cámaras de seguridad pueden estar conectadas a los servicios policiales en caso de una emergencia. Además, recomendó que, al instalar dispositivos de vigilancia en espacios públicos, es prudente anunciar su existencia con carteles para evitar conflictos legales.
El marco legal y la privacidad
Por su parte, el abogado y profesor de delincuencia organizada Víctor Ordaz recordó que la Constitución venezolana protege los derechos individuales a la libertad y a la privacidad.
Asimismo, explicó que el Reglamento de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada permite la instalación de cámaras en propiedades privadas como parte del derecho a la propiedad. Sin embargo, aclaró que si una cámara es colocada por un ente de seguridad del Estado, su función debe ser exclusivamente vigilar el orden público.
Ordaz enfatizó que el problema surge cuando una cámara privada apunta hacia una propiedad ajena, lo que constituye una violación de la privacidad.
“La cámara de un externo no puede violar la privacidad o visualizar a un tercero en otra propiedad (…) Se puede denunciar solo si la cámara atenta contra la privacidad de la persona, como en el caso de cámaras en baños”, puntualizó el abogado.
A medida que crece el uso de sistemas de videovigilancia, el debate sobre los límites entre seguridad y privacidad se mantiene vigente, especialmente en espacios compartidos como edificios, comercios y urbanizaciones.
