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Aumentó en más del 240% ataques contra defensores de derechos humanos en Venezuela

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Un reporte del Centro para los Defensores y la Justicia evidenció que en los primeros 6 meses del 2021 se registraron 374 ataques e incidentes de seguridad contra organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos, lo que representó un incremento del 243% con respecto al primer semestre del año pasado, cuando se contaron 109 incidentes.

Aumentan ataques contra defensores de derechos humanos en el país

El informe de la ONG detalla los tipos de agresiones y la cantidad de veces que se realizaron en estos últimos meses:

  • Estigmatización: 252
  • Intimidación y hostigamiento: 43
  • Amenazas: 35
  • Judicialización: 11
  • Detenciones arbitrarias: 11
  • Ataques digitales: 11
  • Allanamientos: 3
  • Otros: 8

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Asimismo, determinaron que solo en abril se contabilizaron al menos 115 violaciones a los derechos humanos. Por su parte, enero fue el mes con más agresiones tras reportar 99, seguido de febrero con 28 agresiones, marzo con 56, mayo con 48 y junio 28.

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«Se acentuaron las medidas fácticas y legales para justificar la tesis del enemigo interno amparada en la doctrina de la seguridad nacional», denunció la ONG. Situación que aumenta los «niveles de riesgo para quienes defienden y exigen derechos humanos en el país», agregó.

El caso más reciente fue la detención del director general de FundaRedes, Javier Tarazona, a quien le imputaron cargos de incitación al odio, terrorismo y traición a la patria. Junto al defensor de DD.HH privaron de libertad a su hermano Rafael Tarazona y al activista Omar de Dios, todos denunciantes de la presencia de la guerrilla en territorio venezolano.

Mecanismo para calificar ONG de terroristas

Por otro lado, en la Gaceta Oficial Nº 42098, el oficialismo atorizó a la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al terrorismo, precalificar a las organizaciones de terroristas a través del Registro Unificado de Sujetos Obligados.

Por consiguiente, más de 600 organizaciones civiles firmaron un documento que solicitó la derogación de la providencia número 001-2021, tildándola de «inconstitucional», de «extralimitación legal» y de «grave quebrantamiento a las normas internacionales de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales que son de obligatorio cumplimiento para el Estado venezolano».

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Kevin Ibarrahttp://Táchira%20Noticias
Comunicador Social de la ULA

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