El informe estadístico del Ministerio del Interior revela que durante el año 2023, la Policía española y la Guardia Civil lograron liberar a 1.466 víctimas de redes de trata y explotación sexual o laboral en España, lo que representa un aumento del 24% con respecto al año anterior. Entre las víctimas de trata y explotación sexual, la mayoría eran de origen latinoamericano.
Durante el mismo período, se llevaron a cabo 923 detenciones y se desarticularon 109 grupos criminales relacionados con estos delitos.
De las 1.466 víctimas liberadas, 18 eran menores de edad, y en varios casos una persona fue víctima de más de un delito, como trata y explotación sexual o laboral.
En cuanto a las víctimas rescatadas de las redes de trata con fines de explotación sexual, 294 personas fueron liberadas, incluyendo 3 menores de edad. El perfil predominante de estas víctimas es el de mujeres entre 28 y 32 años, provenientes principalmente de Colombia, Venezuela y Paraguay.
Por otro lado, en relación con las víctimas de explotación sexual no relacionadas con redes de trata, se registraron 370 casos (9 menores), mayoritariamente mujeres de 23 a 27 años, originarias de Colombia, España y Venezuela.
Las acciones policiales condujeron a la desarticulación de 80 grupos delictivos y a la detención de 575 personas, la mayoría de nacionalidad española.
Además, se llevaron a cabo 1.677 inspecciones administrativas en lugares de prostitución, identificando a 7.049 personas en situación de riesgo, principalmente mujeres de entre 33 y 37 años, de nacionalidad colombiana, española y rumana.
En cuanto a las víctimas rescatadas de situaciones de explotación laboral, 612 personas fueron liberadas, incluyendo 3 menores de edad. La mayoría eran hombres de 23 a 27 años, procedentes principalmente de Marruecos, Colombia y España.
Las actuaciones contra las redes de trata con fines de explotación laboral resultaron en la liberación de 195 víctimas, 2 de ellas menores de edad, con un perfil mayoritario de hombres de 23 a 27 años, originarios de Colombia, Moldavia y Marruecos.
Estas operaciones condujeron a la desarticulación de 28 organizaciones criminales y a la detención de 334 personas. Además, se realizaron 5.893 inspecciones administrativas en centros de trabajo, identificando a 18.813 trabajadores en situación de riesgo.
En total, se intervinieron en 5 casos de trata con fines de matrimonios forzados, con 5 víctimas, 2 de ellas menores de edad, de nacionalidades marroquí, pakistaní y rumana, lo que llevó a la detención de 12 personas involucradas en estos delitos.
