El gobierno interino de Bolivia acusó este miércoles al anterior Ejecutivo de Evo Morales de haber desviado de forma aparentemente ilícita más de 16 millones de dólares los cuales habrían sido aportados por Venezuela a empresas bolivianas, de España y de Estados Unidos, para comprar a medios de comunicación.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Evo Morales compró, supuestamente, a medios de comunicación
Según el ministro interino de la Presidencia, Yerko Núñez, el dinero sirvió para comprar a determinados medios de comunicación. Asimismo, aclaró que las empresas fueron un canal para llevar a cabo el cometido de comprar a medios de comunicación.
La intención de la acusación era que se difundiera una imagen favorable al gobierno de Evo Morales y persecutoria contra rivales políticos.
Seguidamente, Núñez se refirió en una rueda de prensa a un informe de la Unidad de Investigación Financiera del Estado boliviano. Dicho escrito detectó un “presunto ilícito” por el uso de recursos públicos transferidos a empresas privadas, estableció el funcionario interino.
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Estos recursos presuntamente sirvieron para la compra de acciones de tres medios de comunicación, aclaró. Sin embargo, solo dio el nombre de la cadena de televisión ATB en Bolivia.
De acuerdo al portavoz, el dinero fue facilitado por Venezuela, a través de su embajada en La Paz, para cooperación. En ese orden, el gobierno denuncia que el gerente de ATB, el empresario Marcelo H. usó esos fondos para su cadena; al igual que para otras empresas de Estados Unidos y de España.
El ministro detalló que «más de 4,5 millones de dólares fueron a España, como beneficiario figura a nombre de Prisa», en concreto a su División Internacional. A su vez, comentó que más de 10 millones se destinaron a Estados Unidos «a nombre de Jodan S.».
Varias denuncias en curso
Las unidades de Investigación Financiera y de Proyectos Especiales tramitan una denuncia por supuestos delitos de legitimación de ganancias ilícitas y asociación delictuosa. Del mismo modo, Nuñez prepara otra denuncia por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
Núñez afirmó que la denuncia por su parte irá contra Juan Ramón Quintana, quien ocupó puestos como el de ministro de Presidencia durante los gobiernos de Morales. Además, detalló el caso de Rolando Sánchez, quien fue director de la Unidad de Proyectos Especiales del Estado boliviano.
El titular transitorio de Presidencia calificó a Quintana de «articulador de una estructura criminal de poder que permitió que los recursos públicos pasen a manos privadas, para la manipulación de medios de comunicación y así atentar contra la libertad de expresión».
Quintana es una de las exautoridades de la etapa de Morales que llevan desde noviembre del año pasado en la residencia oficial de México en La Paz. Sobre dicho personaje pesan distintas acusaciones en procesos penales; las cuales el Ejecutivo transitorio de Jeanine Áñez no concede salvoconducto para que dejen Bolivia.
«Lo que queda claro es que había un cartel de la mentira», argumentó Núñez. Esta misma frase era usada por Morales para referirse a medios que consideraba contrarios a su gobierno.
«Los recursos serían para comprar medios de comunicación, para definir una línea favorable al gobierno», explicó, el ministro de Presidencia Interina. No obstante, agregó que incluía una «crítica y persecutoria de opiniones distintas» al MAS (Movimiento al Socialismo), partido al que se adscribió Morales durante 14 años.
Por otro lado, el gobierno interino de Bolivia denunció en mayo pasado que unos 240 millones de dólares fueron destinados durante los gobiernos de Morales a publicidad que favoreció a determinados medios.
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Información de EFE
