FundaRedes denunció la vulneración sistemática de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Venezuela, ante la ocupación violenta de sus territorios por parte de grupos armados al margen de la ley.
Clara Ramírez, directora de FundaRedes acudió a la Defensoría del Pueblo para solicitar conozca el caso de más de 44 comunidades indígenas que hacen vida en Venezuela, y que hoy estan siendo víctima de grupos armados irregulares. La denuncia también fue introducida ante la Relatoría de Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Foro Permanente de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, con el propósito de consignar elementos probatorios que demuestren estos delitos.
Ramírez indicó que las comunidades indígenas están siendo vulneradas por el sometimiento constante de grupos armados como Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), células de Hezboláh y organizaciones criminales denominadas “Sindicatos!», que arremeten contra la vida de estos pueblos.
la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ubica a los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela entre los grupos de riesgo. informe sobre DD.HH. año 2019.
FundaRedes ha documentado desde hace años cómo las poblaciones indígenas de los estados venezolanos de Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Zulia y Apure han
sido despojadas de sus territorios por grupos violentos. Además de ello, el Estado venezolano permanece ausente ante estos hechos, lo que ocasionó que la comunidad indígena Yukpas huyeran de sus tierras, desplazándose hacia la frontera entre el estado de Táchira (Venezuela) y el departamento de Norte de Santander (Colombia), donde permanecen en condiciones precarias.
Por su parte Javier Tarazona, director general de FundaRedes, aseguró que en Venezuela existe una «hiperlegislación» para los pueblos indígenas, pero ninguna de estas leyes especiales se aplica de manera efectiva para proporcionarles el respeto a sus derechos, y a sus tradiciones y costumbres. Por el contrario, «hay omisión del Estado venezolano en el resguardo de los derechos, la seguridad y la protección de las comunidades indígenas». aseveró
En el informe documentan asesinatos, desapariciones, detenciones y hasta enfrentamientos armados, donde las poblaciones indígenas se ven afectadas en medio de la disputa por territorio entre estos grupos al margen de la ley; especialmente en la zona del Arco Minero, donde los grupos armados irregulares buscan adueñarse de la explotación de minerales y de otros negocios ilícitos que existen en las fronteras venezolanas.
Emergencia Humanitaria se agrava por la pandemia
La Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela –explicó Tarazona- agravada por la pandemia del COVID-19, complica aún más las condiciones de las comunidades indígenas, marcadas por la constante violación a sus derechos fundamentales.
“La presencia de estos grupos con alto poder armamentístico en sus territorios dificulta la atención que pudiesen brindarle organismos internacionales y organizaciones nacionales, regionales o locales en materia de salud y alimentación, pues la movilización por estas zonas requiere permisos especiales otorgados por las organizaciones armadas”, detalló el director general de FundaRedes.
FundaRedes nuevamente exige al Estado venezolano, que no siga usando a los pueblos indígenas sólo para construir discursos partidistas, ya que la inacción en la defensa del territorio y la soberanía, y la falta de respuesta a las denuncias presentadas en diversas instancias, como la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo, ha permitido que las agrupaciones armadas irregulares operen libremente en territorios indígenas.
