Un grupo de 31 expresidentes de Iberoamérica presentó un documento ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), acusando a Nicolás Maduro de encabezar una «república militar represora y practicante del terrorismo de Estado».
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!En la denuncia, se responsabiliza a las Fuerzas Armadas, bajo el mando directo de Maduro, de ejecutar crímenes de lesa humanidad en Venezuela, incluyendo la reciente orden de detención contra Edmundo González Urrutia.
El documento se fundamenta en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que calificó los eventos ocurridos después del 28 de julio como «terrorismo de Estado».
«En este contexto, los crímenes de lesa humanidad que se han perpetrado y siguen ocurriendo, incluyendo la reciente orden de aprehensión contra el verdadero presidente electo, Edmundo González Urrutia, son resultado de una estructura militar cuya cadena de mando ejerce Nicolás Maduro Moros, en su calidad de militar activo y Comandante en Jefe», detalla la denuncia.
Los expresidentes señalan que Maduro, en su rol de Comandante en Jefe, ordena directamente las operaciones militares de represión contra el pueblo venezolano y los líderes democráticos, como María Corina Machado.
Afirman que el líder del chavismo implementa su política represiva a través del Comando Estratégico Operacional y las regiones y zonas militares de defensa integral, desplegadas por toda Venezuela. Este régimen militar, que ha sustituido a la república civil, es descrito como el verdadero controlador de los poderes del Estado y de las riquezas económicas, siendo responsable de los crímenes investigados por la CPI. Los expresidentes comparan la situación en Venezuela con las dictaduras militares del Cono Sur latinoamericano.
Finalmente, solicitaron a la CPI que, además de sancionar a los responsables dentro de la cadena militar, actúe con urgencia en su función preventiva para detener las violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos, que incluyen desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual.
